El Ministerio Público, a través de expertos de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas, analizó los restos de cinco miembros de las etnias Wayúu y Añü, quienes habrían sido víctimas de violaciones de derechos humanos entre los años 2012 y 2015.
Las víctimas respondían a los nombres de Wilfredo Antonio Cambar, Dixon José González, Ángel Regino Álvarez Polanco, José Efraín González, todos de la etnia Wayúu; y Willy Enrique Márquez Puche, de la etnia Añü.
Esta labor realizada en el marco de procedimientos propios de las Ciencias Forenses, ha sido producto de los acuerdos asumidos en las mesas de trabajo organizadas el pasado mes de marzo entre un equipo designado por el Ministerio Público y representantes de esas comunidades indígenas.
En aras de esclarecer la verdad de los hechos, familiares de las víctimas accedieron ante la disposición profesional de la comisión del Ministerio Público que se trasladó hasta La Guajira del estado Zulia para efectuar las excavaciones, las cuales se llevaron a cabo entre el 5 y 9 de septiembre, con todo el rigor científico y cumpliendo con protocolos internacionales.
La actuación técnico científica fue coordinada por la jefa de la División de Ciencias Forenses de la mencionada Unidad, Dra. Elizabeth Pelay, quien junto a ocho expertos practicaron estudios patológicos, antropológicos, odontológicos y radiológicos a cada cuerpo. Con estas labores prevén establecer la identidad plena de las víctimas y causa de muerte, así como también colectaron muestras para la posterior determinación de perfiles genéticos.
El análisis de los restos se efectuó en camposantos ancestrales ubicados cerca de las viviendas de los familiares de las víctimas, en los sectores Los Filuos, Guarero, Varilla Blanca, La Rita y el cementerio municipal de Sinamaica, este último autorizado por el Tribunal 3° de Control del estado Zulia, con sede en Maracaibo.
Cabe destacar que en el caso del Añü Willy Enrique Márquez se refiere a exhumación, pues el cadáver fue dispuesto en un cementerio legalmente formalizado; mientras que el resto de los casos se refiere a excavaciones, pues los cuerpos estaban dentro de nichos en cementerios familiares, según lo estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el Código de Instrucción Médico Forense y la Ley de Cementerios.
Adicionalmente, en la localidad de Guarero se realizó reconocimiento médico-legal, odontológico y radiológico a una persona que resultó lesionada en el mismo hecho donde murió Cambar.
Durante las excavaciones, que fueron autorizadas por familiares de las víctimas de manera inédita, estuvieron presentes los fiscales nacionales 76° y 91° con competencia en materias de Protección de Derechos Fundamentales e Indígena, Alejandro Méndez y Robaldo Cortez, respectivamente, quienes están al frente de las citadas causas.
También asistieron representantes de organizaciones no gubernamentales y fundaciones regionales en materia de derechos humanos.
Cabe destacar que las víctimas lesionadas y testigos de los hechos ampliaron sus declaraciones en las fiscalías designadas, con el fin de aportar nuevos elementos para fortalecer las respectivas investigaciones.
Actualmente, el Ministerio Público tiene un total de 22 causas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales en perjuicio de miembros de los referidos grupos étnicos en el estado Zulia.
AI / Con información de Prensa del Ministerio Público
