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Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza de una persona, reconocidos universalmente, que garantizan el derecho a la vida y a la dignidad humana.

Aplican en todos los individuos sin distinción de raza, sexo, edad, origen étnico, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos son absolutos, progresivos, inalienables e inviolables y tienen como principios, ser interdependientes, indivisibles y estar interrelacionados.

Los derechos humanos son aquellos principios que el hombre posee por el mero de hecho de serlo y están contemplados en los diversos pactos, tratados y decretos universalmente reconocidos.

En Venezuela, el marco jurídico garantiza y protege los derechos humanos, tal y como lo refleja la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 29: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles (…)”

En este sentido, el Ministerio Público como órgano del poder ciudadano tiene por objetivo velar por el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Eso es posible, gracias a la atribución que posee como Institución de ordenar, dirigir y supervisar todo lo inherente a la investigación penal, garantizando la celeridad y el debido proceso.

En por tanto que a objeto de evitar la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos en las que estén señalados como presuntos responsables funcionarios de los diferentes organismos de seguridad del Estado, la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, impulsó el 23 de diciembre de 2008, mediante  Gaceta Oficial N° 39.086, la creación de las Unidades Criminalísticas Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales (UCCVDF), del Área Metropolitana de Caracas y de Barquisimeto, estado Lara.

Las Unidades Criminalísticas del Ministerio Público, están capacitadas para practicar peritajes y experticias técnico-científicas en las áreas de: Inspecciones Técnicas, Levantamiento Planimétrico, Trayectoria Intraorgánica, Biológica, Físico-Química, Balística, Físico-Comparativa, de Microscopia Electrónica, Audiovisuales, Médico Legales, Anatomopatológica, Toxicológica, Antropológicas, Odontológica, Genética, entre otras.

En el 2014, en respuesta al plan estratégico y considerando el crecimiento de la institución, la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, considera indispensable la creación de la  Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal dependencia que asume la adscripción de las Unidades mencionadas,  y que garantiza a los Fiscales del Ministerio Público, la práctica expedita de experticias y diligencias de investigación, la obtención de los medios de prueba, y la asesoría que éstos requieran en las investigaciones penales, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes, todo lo cual redunda en beneficio de la colectividad.