Los derechos humanos son aquellos principios que el hombre posee por el mero de hecho de serlo y están contemplados en los diversos pactos, tratados y decretos universalmente reconocidos.

En Venezuela, el marco jurídico garantiza y protege los derechos humanos, tal y como lo refleja la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 29: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles (…)”

En este sentido, el Ministerio Público como órgano del poder ciudadano tiene por objetivo velar por el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Eso es posible, gracias a la atribución que posee como Institución de ordenar, dirigir y supervisar todo lo inherente a la investigación penal, garantizando la celeridad y el debido proceso.

II_aniversario_vehicularEs por tanto que a fin de evitar la impunidad frente a la violación de derechos humanos donde estén señalados como presuntos responsables funcionarios de seguridad del Estado, que el Ministerio Público cuenta con la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales

Se configurará la violación a los derechos fundamentales cuando los funcionarios públicos actúen en representación del Estado, o con ocasión de su cargo, y cometan: torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, homicidios, desapariciones forzadas de personas, violación de domicilio o privación ilegítima de libertad.

Para investigar estos delitos los Fiscales del Ministerio Público con esta competencia cuentan con las Unidades Criminalísticas Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas y del estado Lara, adscritas a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal.

Dichas Unidades, están capacitadas para practicar informes técnicos y experticias técnico científicas como: Inspecciones Técnicas, Levantamientos Planimétricos, Balísticas, Experticias Biológicas, Físico-Químicas, Físico-Comparativas, de Microscopia Electrónica, Audiovisuales, Médico Legales, Anamopatológicas, Toxicológicas, Antropológicas, Odontológicas, Genéticas, entre otras.

  • Coordinar, supervisar y ejercer el control de gestión sobre la actuación de los Fiscales del Ministerio Público de proceso, con competencia en materia de Derechos Fundamentales, para que garanticen, en vía jurisdiccional, la exacta observancia de todas aquellas disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias, decretos, resoluciones, ordenanzas y cualquier otra normativa dirigida a la protección de tales derechos.

  • Intervenir y propiciar reuniones con los organismos nacionales, internacionales o extranjeros, relacionados con la promoción, protección y defensa de los derechos fundamentales.

  • Dar respuesta a los peticionarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución

  • Recibir, analizar y tramitar denuncias sobre hechos que vulneren derechos individuales cometidos por funcionarios públicos dentro de los centros de reclusión de penados.

  • Garantizar la protección de los derechos civiles de los penados.

  • Llevar un registro estadístico de las denuncias y procesos penales que cursen contra funcionarios públicos, por acciones delictivas que constituyan violación de derechos humanos.

  • Realizar inspecciones en los centros de reclusión de penados y levantar las respectivas actas, elaborar informes y ejercer las acciones jurisdiccionales a que haya lugar ante la constatación de la vulneración o menoscabo de los derechos fundamentales de los reclusos.

  • Coordinar, supervisar y ejercer el control de gestión sobre la actividad de los Fiscales del Ministerio Público en materia de Derechos Fundamentales, que conozcan de los casos de violación de derechos humanos en los retenes policiales en el ámbito nacional por notificación de la Defensoría del Pueblo.

  • Recibir y procesar las denuncias concernientes a la trasgresión de las libertades protegidas por el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, a los fines de determinar la actuación jurisdiccional que corresponda ejercer, al Ministerio Público.

  • Recibir, estudiar y tramitar cualquier otra denuncia que se formule ante la Dirección, en las áreas de su competencia.

  • Recibir audiencias, en relación con los casos de los que conoce la Dirección.
  • Efectuar las gestiones a fin de actualizar los casos internacionales de violaciones de derechos fundamentales.

  • Dar respuesta a las comunicaciones procedentes del extranjero solicitando información sobre casos relativos a presuntas violaciones de los derechos fundamentales en Venezuela.

Esta Dirección ha llevado a cabo diversas investigaciones concernientes a la Protección de Derechos Fundamentales en todo el territorio nacional, a través de sus Fiscales con esta competencia, conjuntamente con la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. En ese contexto, vale la pena mencionar algunos casos emblemáticos:

  • Alcántara

    El 25 de octubre del año 2010, aproximadamente a la 1:00 pm, el ciudadano Leonardo Alcántara (22) se traslada en un vehículo marca Dodge modelo Caliber, en compañía de los ciudadanos Sugey Camacho y Manuel Rincón (33), rumbo hacia Barcelona, estado Anzoátegui.

    Horas más tarde, cuando se encontraban a la altura de la Avenida Intercomunal Cantaura – Anaco, se encuentran con un congestionamiento de tránsito y se percatan que el mismo se produce por un punto de control del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de las subdelegaciones de El Tigre, Ciudad Guayana y Guárico. En ese momento, el ciudadano Manuel Rincón le indicó a Leonardo Alcántara que pusiera el vehículo en reversa puesto que él se encontraba solicitado por el delito de secuestro.

    Acto seguido, los funcionarios policiales se percataron de la conducta sospechosa de los sujetos y procedieron a su aprehensión, dirigiéndose posteriormente hacia San Tomé, donde liberan a la ciudadana Sugey Camacho y se llevan a los otros dos ciudadanos hacia un rumbo desconocido. Ante esta disyuntiva, los funcionarios negaron la detención de los sujetos.

    Para el proceso de investigación fueron comisionadas la Fiscalía 68 a Nivel Nacional con Competencia Plena en Materia de Derechos Fundamentales y la Fiscalía 19 del estado Anzoátegui, con Competencia en Materia de Protección de Derechos Fundamentales. A solicitud de las Fiscalías mencionadas, se activa la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas, para la práctica de experticias y diligencias de investigación.

    Finalmente, ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado condenó en febrero de 2016 a Carlos Miguel Vargas Reina, a 18 años de prisión en las Instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de San Félix, municipio Carona, estado Bolívar, tras encontrarlo culpable por el delito de Desaparición Forzada de Personas.


  • Karen Berendique

    Fernando Berendique Betancourt y su hermana Karen Vannessa Berendique Betancourt (hijos del Cónsul de Chile), se desplazaban en horas de la noche por el Barrio Teotiste de Gallego de Maracaibo, el día viernes 16 de Marzo de 2012, cuando fueron sorprendidos por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística.

    Los funcionarios obligaron a los Berendique a detener el vehículo no obstante, el conductor preso del nerviosismo dispuso el carro en retroceso a toda velocidad, lo que generó que los efectivos comenzaran a dispararles de manera desmedida, logrando impactar uno de los proyectiles a la ciudadana Karen Berendique ocasionándole la muerte.

    Entre las actuaciones realizadas por los expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas se encuentran: Inspección Técnica y Trayectoria Balística al vehículo en el que se trasladaban las víctimas colectando además, un posa cabeza al cual se le realizaron Estudios Radiológicos debido a que presentaba en su parte anterior una solución de continuidad (fisura). Tras realizar dichos estudios, se evidenció un proyectil el cual extrajeron y realizaron la correspondiente experticia de Comparación Balística junto con las armas de fuego previamente colectadas. De igual forma, se llevó a cabo el estudio de Trayectoria Intraorgánica a la occisa Karen Vanessa Berendique Betancourt.

    Los imputados responden a los nombres de Oswaldo Mendoza; Jedumar Alfaro; Engerberth Gonzáles; Osmel Galea; Jesús Puerta; José Vega; Julio Sierra; Gefferson Villalobos; Luís Bohórques; Zayed Colmenares; Dinolkys Reyes y Fernando Urdaneta.

    Se les atribuyen los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía, homicidio calificado con alevosía frustrado, uso indebido de arma de reglamento y quebrantamiento de principios y pactos internaciones, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. La Causa se encuentra en fase de juicio.

  • Cristian Olmedillos

    En fecha 21 de junio de 2012, en la avenida Leonardo Da Vinci, frente a la Universidad Bolivariana de Venezuela, funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la División Antiextorsión y Secuestro, procedieron a seguir una camioneta en la cual se desplazaban el también funcionario del Cicpc Christian Olmedillos y Alejandra Gamboa, el conductor los evadió y éstos efectuaron disparos, ocasionando que perdiera el control del vehículo y colisionara contra una pared.

    Tras recibir múltiples impactos de proyectil Olmedillos falleció, su compañera aunque no fue alcanzada por los disparos, sufrió traumatismos generalizados y al recuperarse, pudo rendir declaraciones sobre lo ocurrido.

    En tal sentido, se instruyó a la Unidad Criminalística la práctica de las diligencias de investigación entre las que se encuentran: Inspección Técnica, Experticias de Reconocimiento Técnico a las armas involucradas, Experticia Hematológica a las muestras de sangre colectadas, Experticia de determinación de iones oxidantes (nitratos y nitritos), producto de la deflagración de pólvora, Experticia Química, Experticia de Activaciones Especiales, Experticia Físico Comparativa (determinación de solución de continuidad) y Experticia de contenido y de determinación de edición y montaje a los videos de seguridad de la Estación de Servicio PDVSA, ubicada en Los Chaguaramos.

    Por este hecho fueron condenados Carlos Parra y Luigui Tirado, a la pena de 11 años, 10 meses y 15 días de prisión, por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, uso indebido de arma de guerra, quebrantamiento de principios y pactos internacionales, y lesiones personales leves.

    La audiencia preliminar se realizó el 20 de junio en la que el Tribunal 43º de Control, admitió parcialmente la acusación cambiando la calificación Jurídica de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútil en grado de frustración en perjuicio de Alejandra Gamboa, a lesiones personales Leves.

    En fecha 08/08/2013, el Ministerio Público ejerció Recurso de Apelación de la decisión ante el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana; y en fecha 11 de Junio de 2014, la Sala 2 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión en la cual acordaron lo siguiente: Primero: parcialmente con lugar el recurso de apelación propuesto, en consecuencia se revoca la decisión impugnada. Segundo: se condena a los ciudadanos Carlos Parra y Luigui Tirado, a cumplir la pena de 12 años, 11 meses, 13 días y ocho horas de prisión.

  • Departamento de Aprehensiones Cicpc El Rosal

    El día 25 de mayo de 2011 internos de la celda Nº 2, del Departamento de Aprehensiones Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ubicado en El Rosal, clamaban porque no ingresaran más personas a la misma, ya que ésta había rebasado su capacidad.

    Al percatarse de la situación los funcionarios de guardia procedieron a sacar a algunos detenidos al pasillo, esposados entre sí, generándose posteriormente una situación irregular en la cual resultaron fallecidos los siguientes detenidos: Pedro Cipriano Rivera Rivas, William Nazareth y Arnal Marín.

    Entre las diligencias y experticias de investigación realizadas en el marco de este caso por los funcionarios de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales se encuentran: 3 inspecciones técnicas, 2 levantamientos planimétricos, 10 reconocimientos médicos-legales, 19 entrevistas, 3 exhumaciones y reautopsias, 3 análisis toxicológicos, 3 experticias tricológicas, 13 radiografías tomadas, 26 estudios histológicos, 3 análisis citológicos, 3 estudios entomológicos, 2 evaluaciones antropológicas de comparación e identificación, 3 reconocimientos técnicos y análisis de contenidos audiovisuales, 4 reconocimientos técnicos a evidencias de interés criminalístico, 1 experticia hematológica.

    En fecha 12/08/2014 se llevó a cabo las conclusiones de Juicio en la cual fueron condenados los funcionarios: Alfredo José Suárez Piñate, Michael Antonio Borges López, Maiquel José Hernández Huice, Eduardo Joel Umbria Guerrero y Ever Enrique Rondón, a cumplir una pena de diecisiete (17) años y cuatro (04) meses, por los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútil en grado de complicidad correspectiva, trato cruel y quebrantamiento de principios y pactos internacionales. Por su parte el efectivo Jetzon Jesús Díaz Ojeda, fue absuelto.

  • Eslaida Vásquez

    En fecha 29 de junio de 1973 una comisión de funcionarios adscritos a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) se trasladó a Tinaquillo, estado Cojedes, en virtud de una persecución a un grupo de personas activistas políticos de Bandera Roja. Durante dicho operativo resultó fallecida Eslaida Vásquez, tras recibir dos disparos en la parte posterior de cráneo. Uno de los autores fue identificado como Homero Sánchez Araujo, funcionario con rango de Comisario General en el cuerpo de seguridad antes mencionado.

    Entre las diligencias de investigación realizadas por los funcionarios de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales se encuentran: la exhumación llevada a cabo el 28/10/2011 en el Cementerio Municipal de Valencia, Estado Carabobo, Estudio de Identificación Antropológica para determinación de edad, sexo, afinidad racial, estatura y otros elementos particularizantes e individualizantes (forma de la cabeza, frente y región del entrecejo fueron comparados con tres de sus hermanos), Estudio de Identificación Odontológica (se observó pérdida post morten de incisivos centrales superiores izquierdos de los maxilares tanto superior como inferior), Estudio Anatomopatológico y Causa de Muerte (Traumatismo Craneoencefálico Severo debido al paso de proyectiles únicos disparados por arma de fuego a la región de la cabeza).

    El Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en Juicio Oral y Público, condenó el 12 de febrero del año 2014 a Homero Sánchez Araujo a cumplir la pena de treinta (30) años de prisión, tras ser hallado culpable por los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútiles, uso indebido de arma de guerra y quebrantamiento de principios y pactos internacionales.

  • Las Calderas

    La noche del cuatro de Julio del año 2013 la ciudadana Luiminer Pacheco (40) y sus tres hijas adolescentes, de 15 y 13 años de edad, fueron interceptadas por una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana al momento que ingresaban al estacionamiento de su vivienda ubicada en el sector Las Calderas, municipio Colina, en Coro estado Falcón.

    Los funcionarios amenazaron a la conductora para que se bajara del automóvil, no obstante, Pacheco entró en pánico y puso en marcha el vehículo. Esta acción hizo que los funcionarios comenzaran a realizar múltiples disparos con armas cortas y fusiles, resultando fallecidas la ciudadana Luiminier Pacheco y una de sus hijas de 15 años. Las otras dos menores de edad a pesar de resultar heridas, lograron sobrevivir al ataque.

    Entre las actuaciones realizadas por la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del estado Lara, previa solicitud del Fiscal del Ministerio Público, se encuentran: Inspección Técnica del sitio de suceso (colección de todas las evidencias de interés criminalístico localizadas en el mismo), Inspección Técnica al vehículo, Experticia Química (Determinación de Iones Oxidantes producto de la deflagración de la pólvora), Experticia Hematológica, Levantamiento Planimétrico, Trayectoria Balística del sitio del suceso y del vehículo incriminado, recabaron las armas incriminadas (dos fusiles y diez pistolas); proyectiles y conchas provenientes de los disparos de prueba, tomados por funcionarios adscritos al Laboratorio Criminalístico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Falcón, Reconocimiento Médico Legal a las víctimas y entrevistas a víctimas y testigos.

    Finalmente el 15 de Mayo de 2014, hubo una sentencia condenatoria por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua. Se condenó a los ciudadanos: SM/3 Carrasquero José; S/2 Ronald Mujica; S/2 Alvarado Jesús; S/2 Martínez Wilfredo; S/2 Escalona Dionys; S/2 Reyes Joseth; S/2 Vílchez Luis; S/1 Carlos Muñoz; S/1 Torres Adrián; S/2 Regulo Valero; y S/2 Elzaburu Pérez Kelvis Yamandu, a cumplir la pena de 15 años y 8 meses de prisión, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado, Homicidio Calificado Frustrado, Uso indebido de Armas Orgánicas y Quebrantamiento de Pactos y Convenios Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, todos los antes mencionados con la Agravante Genérica; y a los ciudadanos 1er Tte. Brizuela Seijas Raúl y S/1 Colina Jiménez Carlos Rubén, a cumplir la pena de siete años de prisión, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado, Homicidio Calificado Frustrado y Quebrantamiento de Pactos y Convenios Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela .

    Los efectivos militares estaban adscritos a la Segunda Compañía del Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR) Falcón, del Comando Regional número 04, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con sede en la Avenida Alí Primera, de la ciudad de Santa Ana de Coro, estado Falcón.

  • Noelis Rodríguez

    El joven Noelis Gregorio Rodríguez Mata, mejor conocido como Noel Rodríguez, nació un 11 de marzo del año 1946 en Valle de Pedro de González, del estado Nueva Esparta.

    Estudió bachillerato en el Liceo Briceño Méndez de El Tigre, estado Anzoátegui, donde obtuvo el título de bachiller en Ciencias. Aprovechó esos años para alistarse en el partido denominado Juventud del Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR).

    Posteriormente, viajó a Caracas e inició estudios de Economía en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Al dividirse el MIR, Noel se unió a las filas de Bandera Roja. Fue el responsable estudiantil de la Universidad Central de Venezuela por esta organización.

    Se fijó Audiencia de Apertura a Juicio Oral y Público, para el día Miércoles 13 de Mayo de 2015, en el Juzgado Décimo Quinto (15)° de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a la espera de notificación por parte del tribunal.

    En 1973 fue designado jefe del Distrito Fabricio Ojeda y, simultáneamente, fue nombrado suplente principal en la Dirección Nacional de Bandera Roja en todo el país. En ese mismo año, Noel asistió a la Escuela Guerrillera del Frente Antonio José de Sucre.

    Para el año 1973 tanto la DIGEPOL como el SIFA, entre otros organismos del Estado, marcaron gran represión a los estudiantes y grupos que eran considerados subversivos al Gobierno de turno.

    Noel Rodríguez fue una de las víctimas de la represión política del momento desapareciendo en junio de ese año. Fue salvajemente golpeado y torturado brutalmente hasta su muerte, en la búsqueda de extraerle información que pudiera delatar a los partidos de izquierda.

    Posteriormente, trasladaron el cadáver de la víctima a una funeraria ubicada en el Puente República en la ciudad de Caracas, hoy de nombre Funeraria Virgen del Valle.

    El encargado de la comisión fue el funcionario Felipe Díaz Marín, cuyo superior inmediato era José Antonio Omaña Hernández, quien le giró la instrucción de trasladar el cadáver de la mencionada funeraria hasta el Cementerio General del Sur, donde sería inhumado a espaldas de sus seres queridos.

    Entre las diligencias y experticias de investigación realizadas en el marco de este caso por los funcionarios de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales se encuentran: 16 exhumaciones, Experticia de Reconocimiento Médico–Legal (Identificación particular de la rótula donde se evidencia trazo de fractura antigua), Estudio de Identificación Antropológica (los restos óseos sometidos a objeto de estudio coincidieron morfológica, métrica y estadísticamente con los registros pre mortem correspondiente a Noel Rodríguez), Estudio de Identificación Odontológica (se realizó un estudio comparativo con los restos hallados y un familiar de la víctima logrando altos grados de coincidencias en cuanto al tamaño, forma del paladar y las piezas dentales), Superposición (Los rasgos morfológicos faciales y cefálicos comparados entre las fotografías suministradas arrojaron una alta correlación de similitud), Estudio Anatomopalógico y Causa de Muerte (Traumatismo craneoencefálico severo debido a fracturas en la base del cráneo y huesos del macizo facial).

  • Macarao

    Homicidio perpetrado por funcionarios adscritos al Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Diosnny Manuel Guinand Yendis, el cual fue señalado como presunto sospecho de la comisión de un delito militar como lo es, la sustracción de un arma de fuego perteneciente al mencionado cuerpo de seguridad, hecho éste, que generó la acción desmedida por parte de los funcionarios y culminó con la muerte del ciudadano antes mencionado.

    Entre las actuaciones realizadas por los expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas se encuentran: Inspección Técnica con levantamientos planimétricos tanto del sitio del suceso como los versionados con los datos aportados por los testigos, exhumación, Estudio de Identificación Antropológica para determinación de edad, sexo, afinidad racial, estatura y otros elementos particularizantes e individualizantes (los hallazgos coincidieron con los datos aportados por un familiar), Estudio Anatomopatológico y Causa de Muerte (Asfixia mecánica por sofocación de vía aérea por cuerpo extraño (sugestivo de tierra) y luxación de articulación occipito-atloidea con lesión medular).

    Los delitos atribuidos a los funcionarios William José Serrano Fermín, Jaramillo Navas Jaime y Ramírez Estévez Gerson José son: homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles, desaparición forzada de personas, tortura, quebrantamiento de principios y pactos internacionales y simulación de hecho punible. Por su parte a los efectivos castrenses Guillermo José Marín Alvarado, Keny Joel Hernández y Víctor José Medina Arvelo, se les atribuyó encubrimiento en los delitos de tortura, homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútil, desaparición forzada de personas y el delito de quebrantamiento de principios y pactos internacionales. La Audiencia Preliminar está pautada para el día 02/09/2015.

+ Dirección

Los derechos humanos son aquellos principios que el hombre posee por el mero de hecho de serlo y están contemplados en los diversos pactos, tratados y decretos universalmente reconocidos.

En Venezuela, el marco jurídico garantiza y protege los derechos humanos, tal y como lo refleja la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 29: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles (…)”

En este sentido, el Ministerio Público como órgano del poder ciudadano tiene por objetivo velar por el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Eso es posible, gracias a la atribución que posee como Institución de ordenar, dirigir y supervisar todo lo inherente a la investigación penal, garantizando la celeridad y el debido proceso.

II_aniversario_vehicularEs por tanto que a fin de evitar la impunidad frente a la violación de derechos humanos donde estén señalados como presuntos responsables funcionarios de seguridad del Estado, que el Ministerio Público cuenta con la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales

Se configurará la violación a los derechos fundamentales cuando los funcionarios públicos actúen en representación del Estado, o con ocasión de su cargo, y cometan: torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, homicidios, desapariciones forzadas de personas, violación de domicilio o privación ilegítima de libertad.

Para investigar estos delitos los Fiscales del Ministerio Público con esta competencia cuentan con las Unidades Criminalísticas Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas y del estado Lara, adscritas a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal.

Dichas Unidades, están capacitadas para practicar informes técnicos y experticias técnico científicas como: Inspecciones Técnicas, Levantamientos Planimétricos, Balísticas, Experticias Biológicas, Físico-Químicas, Físico-Comparativas, de Microscopia Electrónica, Audiovisuales, Médico Legales, Anamopatológicas, Toxicológicas, Antropológicas, Odontológicas, Genéticas, entre otras.

+ Funciones
  • Coordinar, supervisar y ejercer el control de gestión sobre la actuación de los Fiscales del Ministerio Público de proceso, con competencia en materia de Derechos Fundamentales, para que garanticen, en vía jurisdiccional, la exacta observancia de todas aquellas disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias, decretos, resoluciones, ordenanzas y cualquier otra normativa dirigida a la protección de tales derechos.

  • Intervenir y propiciar reuniones con los organismos nacionales, internacionales o extranjeros, relacionados con la promoción, protección y defensa de los derechos fundamentales.

  • Dar respuesta a los peticionarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución

  • Recibir, analizar y tramitar denuncias sobre hechos que vulneren derechos individuales cometidos por funcionarios públicos dentro de los centros de reclusión de penados.

  • Garantizar la protección de los derechos civiles de los penados.

  • Llevar un registro estadístico de las denuncias y procesos penales que cursen contra funcionarios públicos, por acciones delictivas que constituyan violación de derechos humanos.

  • Realizar inspecciones en los centros de reclusión de penados y levantar las respectivas actas, elaborar informes y ejercer las acciones jurisdiccionales a que haya lugar ante la constatación de la vulneración o menoscabo de los derechos fundamentales de los reclusos.

  • Coordinar, supervisar y ejercer el control de gestión sobre la actividad de los Fiscales del Ministerio Público en materia de Derechos Fundamentales, que conozcan de los casos de violación de derechos humanos en los retenes policiales en el ámbito nacional por notificación de la Defensoría del Pueblo.

  • Recibir y procesar las denuncias concernientes a la trasgresión de las libertades protegidas por el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, a los fines de determinar la actuación jurisdiccional que corresponda ejercer, al Ministerio Público.

  • Recibir, estudiar y tramitar cualquier otra denuncia que se formule ante la Dirección, en las áreas de su competencia.

  • Recibir audiencias, en relación con los casos de los que conoce la Dirección.
  • Efectuar las gestiones a fin de actualizar los casos internacionales de violaciones de derechos fundamentales.

  • Dar respuesta a las comunicaciones procedentes del extranjero solicitando información sobre casos relativos a presuntas violaciones de los derechos fundamentales en Venezuela.

+ Leyes y Tratados
+ Casos Emblemáticos

Esta Dirección ha llevado a cabo diversas investigaciones concernientes a la Protección de Derechos Fundamentales en todo el territorio nacional, a través de sus Fiscales con esta competencia, conjuntamente con la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. En ese contexto, vale la pena mencionar algunos casos emblemáticos:

  • Alcántara

    El 25 de octubre del año 2010, aproximadamente a la 1:00 pm, el ciudadano Leonardo Alcántara (22) se traslada en un vehículo marca Dodge modelo Caliber, en compañía de los ciudadanos Sugey Camacho y Manuel Rincón (33), rumbo hacia Barcelona, estado Anzoátegui.

    Horas más tarde, cuando se encontraban a la altura de la Avenida Intercomunal Cantaura – Anaco, se encuentran con un congestionamiento de tránsito y se percatan que el mismo se produce por un punto de control del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de las subdelegaciones de El Tigre, Ciudad Guayana y Guárico. En ese momento, el ciudadano Manuel Rincón le indicó a Leonardo Alcántara que pusiera el vehículo en reversa puesto que él se encontraba solicitado por el delito de secuestro.

    Acto seguido, los funcionarios policiales se percataron de la conducta sospechosa de los sujetos y procedieron a su aprehensión, dirigiéndose posteriormente hacia San Tomé, donde liberan a la ciudadana Sugey Camacho y se llevan a los otros dos ciudadanos hacia un rumbo desconocido. Ante esta disyuntiva, los funcionarios negaron la detención de los sujetos.

    Para el proceso de investigación fueron comisionadas la Fiscalía 68 a Nivel Nacional con Competencia Plena en Materia de Derechos Fundamentales y la Fiscalía 19 del estado Anzoátegui, con Competencia en Materia de Protección de Derechos Fundamentales. A solicitud de las Fiscalías mencionadas, se activa la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas, para la práctica de experticias y diligencias de investigación.

    Finalmente, ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado condenó en febrero de 2016 a Carlos Miguel Vargas Reina, a 18 años de prisión en las Instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de San Félix, municipio Carona, estado Bolívar, tras encontrarlo culpable por el delito de Desaparición Forzada de Personas.


  • Karen Berendique

    Fernando Berendique Betancourt y su hermana Karen Vannessa Berendique Betancourt (hijos del Cónsul de Chile), se desplazaban en horas de la noche por el Barrio Teotiste de Gallego de Maracaibo, el día viernes 16 de Marzo de 2012, cuando fueron sorprendidos por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística.

    Los funcionarios obligaron a los Berendique a detener el vehículo no obstante, el conductor preso del nerviosismo dispuso el carro en retroceso a toda velocidad, lo que generó que los efectivos comenzaran a dispararles de manera desmedida, logrando impactar uno de los proyectiles a la ciudadana Karen Berendique ocasionándole la muerte.

    Entre las actuaciones realizadas por los expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas se encuentran: Inspección Técnica y Trayectoria Balística al vehículo en el que se trasladaban las víctimas colectando además, un posa cabeza al cual se le realizaron Estudios Radiológicos debido a que presentaba en su parte anterior una solución de continuidad (fisura). Tras realizar dichos estudios, se evidenció un proyectil el cual extrajeron y realizaron la correspondiente experticia de Comparación Balística junto con las armas de fuego previamente colectadas. De igual forma, se llevó a cabo el estudio de Trayectoria Intraorgánica a la occisa Karen Vanessa Berendique Betancourt.

    Los imputados responden a los nombres de Oswaldo Mendoza; Jedumar Alfaro; Engerberth Gonzáles; Osmel Galea; Jesús Puerta; José Vega; Julio Sierra; Gefferson Villalobos; Luís Bohórques; Zayed Colmenares; Dinolkys Reyes y Fernando Urdaneta.

    Se les atribuyen los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía, homicidio calificado con alevosía frustrado, uso indebido de arma de reglamento y quebrantamiento de principios y pactos internaciones, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. La Causa se encuentra en fase de juicio.

  • Cristian Olmedillos

    En fecha 21 de junio de 2012, en la avenida Leonardo Da Vinci, frente a la Universidad Bolivariana de Venezuela, funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la División Antiextorsión y Secuestro, procedieron a seguir una camioneta en la cual se desplazaban el también funcionario del Cicpc Christian Olmedillos y Alejandra Gamboa, el conductor los evadió y éstos efectuaron disparos, ocasionando que perdiera el control del vehículo y colisionara contra una pared.

    Tras recibir múltiples impactos de proyectil Olmedillos falleció, su compañera aunque no fue alcanzada por los disparos, sufrió traumatismos generalizados y al recuperarse, pudo rendir declaraciones sobre lo ocurrido.

    En tal sentido, se instruyó a la Unidad Criminalística la práctica de las diligencias de investigación entre las que se encuentran: Inspección Técnica, Experticias de Reconocimiento Técnico a las armas involucradas, Experticia Hematológica a las muestras de sangre colectadas, Experticia de determinación de iones oxidantes (nitratos y nitritos), producto de la deflagración de pólvora, Experticia Química, Experticia de Activaciones Especiales, Experticia Físico Comparativa (determinación de solución de continuidad) y Experticia de contenido y de determinación de edición y montaje a los videos de seguridad de la Estación de Servicio PDVSA, ubicada en Los Chaguaramos.

    Por este hecho fueron condenados Carlos Parra y Luigui Tirado, a la pena de 11 años, 10 meses y 15 días de prisión, por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, uso indebido de arma de guerra, quebrantamiento de principios y pactos internacionales, y lesiones personales leves.

    La audiencia preliminar se realizó el 20 de junio en la que el Tribunal 43º de Control, admitió parcialmente la acusación cambiando la calificación Jurídica de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútil en grado de frustración en perjuicio de Alejandra Gamboa, a lesiones personales Leves.

    En fecha 08/08/2013, el Ministerio Público ejerció Recurso de Apelación de la decisión ante el Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana; y en fecha 11 de Junio de 2014, la Sala 2 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión en la cual acordaron lo siguiente: Primero: parcialmente con lugar el recurso de apelación propuesto, en consecuencia se revoca la decisión impugnada. Segundo: se condena a los ciudadanos Carlos Parra y Luigui Tirado, a cumplir la pena de 12 años, 11 meses, 13 días y ocho horas de prisión.

  • Departamento de Aprehensiones Cicpc El Rosal

    El día 25 de mayo de 2011 internos de la celda Nº 2, del Departamento de Aprehensiones Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ubicado en El Rosal, clamaban porque no ingresaran más personas a la misma, ya que ésta había rebasado su capacidad.

    Al percatarse de la situación los funcionarios de guardia procedieron a sacar a algunos detenidos al pasillo, esposados entre sí, generándose posteriormente una situación irregular en la cual resultaron fallecidos los siguientes detenidos: Pedro Cipriano Rivera Rivas, William Nazareth y Arnal Marín.

    Entre las diligencias y experticias de investigación realizadas en el marco de este caso por los funcionarios de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales se encuentran: 3 inspecciones técnicas, 2 levantamientos planimétricos, 10 reconocimientos médicos-legales, 19 entrevistas, 3 exhumaciones y reautopsias, 3 análisis toxicológicos, 3 experticias tricológicas, 13 radiografías tomadas, 26 estudios histológicos, 3 análisis citológicos, 3 estudios entomológicos, 2 evaluaciones antropológicas de comparación e identificación, 3 reconocimientos técnicos y análisis de contenidos audiovisuales, 4 reconocimientos técnicos a evidencias de interés criminalístico, 1 experticia hematológica.

    En fecha 12/08/2014 se llevó a cabo las conclusiones de Juicio en la cual fueron condenados los funcionarios: Alfredo José Suárez Piñate, Michael Antonio Borges López, Maiquel José Hernández Huice, Eduardo Joel Umbria Guerrero y Ever Enrique Rondón, a cumplir una pena de diecisiete (17) años y cuatro (04) meses, por los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútil en grado de complicidad correspectiva, trato cruel y quebrantamiento de principios y pactos internacionales. Por su parte el efectivo Jetzon Jesús Díaz Ojeda, fue absuelto.

  • Eslaida Vásquez

    En fecha 29 de junio de 1973 una comisión de funcionarios adscritos a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) se trasladó a Tinaquillo, estado Cojedes, en virtud de una persecución a un grupo de personas activistas políticos de Bandera Roja. Durante dicho operativo resultó fallecida Eslaida Vásquez, tras recibir dos disparos en la parte posterior de cráneo. Uno de los autores fue identificado como Homero Sánchez Araujo, funcionario con rango de Comisario General en el cuerpo de seguridad antes mencionado.

    Entre las diligencias de investigación realizadas por los funcionarios de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales se encuentran: la exhumación llevada a cabo el 28/10/2011 en el Cementerio Municipal de Valencia, Estado Carabobo, Estudio de Identificación Antropológica para determinación de edad, sexo, afinidad racial, estatura y otros elementos particularizantes e individualizantes (forma de la cabeza, frente y región del entrecejo fueron comparados con tres de sus hermanos), Estudio de Identificación Odontológica (se observó pérdida post morten de incisivos centrales superiores izquierdos de los maxilares tanto superior como inferior), Estudio Anatomopatológico y Causa de Muerte (Traumatismo Craneoencefálico Severo debido al paso de proyectiles únicos disparados por arma de fuego a la región de la cabeza).

    El Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en Juicio Oral y Público, condenó el 12 de febrero del año 2014 a Homero Sánchez Araujo a cumplir la pena de treinta (30) años de prisión, tras ser hallado culpable por los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútiles, uso indebido de arma de guerra y quebrantamiento de principios y pactos internacionales.

  • Las Calderas

    La noche del cuatro de Julio del año 2013 la ciudadana Luiminer Pacheco (40) y sus tres hijas adolescentes, de 15 y 13 años de edad, fueron interceptadas por una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana al momento que ingresaban al estacionamiento de su vivienda ubicada en el sector Las Calderas, municipio Colina, en Coro estado Falcón.

    Los funcionarios amenazaron a la conductora para que se bajara del automóvil, no obstante, Pacheco entró en pánico y puso en marcha el vehículo. Esta acción hizo que los funcionarios comenzaran a realizar múltiples disparos con armas cortas y fusiles, resultando fallecidas la ciudadana Luiminier Pacheco y una de sus hijas de 15 años. Las otras dos menores de edad a pesar de resultar heridas, lograron sobrevivir al ataque.

    Entre las actuaciones realizadas por la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del estado Lara, previa solicitud del Fiscal del Ministerio Público, se encuentran: Inspección Técnica del sitio de suceso (colección de todas las evidencias de interés criminalístico localizadas en el mismo), Inspección Técnica al vehículo, Experticia Química (Determinación de Iones Oxidantes producto de la deflagración de la pólvora), Experticia Hematológica, Levantamiento Planimétrico, Trayectoria Balística del sitio del suceso y del vehículo incriminado, recabaron las armas incriminadas (dos fusiles y diez pistolas); proyectiles y conchas provenientes de los disparos de prueba, tomados por funcionarios adscritos al Laboratorio Criminalístico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Falcón, Reconocimiento Médico Legal a las víctimas y entrevistas a víctimas y testigos.

    Finalmente el 15 de Mayo de 2014, hubo una sentencia condenatoria por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua. Se condenó a los ciudadanos: SM/3 Carrasquero José; S/2 Ronald Mujica; S/2 Alvarado Jesús; S/2 Martínez Wilfredo; S/2 Escalona Dionys; S/2 Reyes Joseth; S/2 Vílchez Luis; S/1 Carlos Muñoz; S/1 Torres Adrián; S/2 Regulo Valero; y S/2 Elzaburu Pérez Kelvis Yamandu, a cumplir la pena de 15 años y 8 meses de prisión, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado, Homicidio Calificado Frustrado, Uso indebido de Armas Orgánicas y Quebrantamiento de Pactos y Convenios Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, todos los antes mencionados con la Agravante Genérica; y a los ciudadanos 1er Tte. Brizuela Seijas Raúl y S/1 Colina Jiménez Carlos Rubén, a cumplir la pena de siete años de prisión, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado, Homicidio Calificado Frustrado y Quebrantamiento de Pactos y Convenios Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela .

    Los efectivos militares estaban adscritos a la Segunda Compañía del Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR) Falcón, del Comando Regional número 04, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con sede en la Avenida Alí Primera, de la ciudad de Santa Ana de Coro, estado Falcón.

  • Noelis Rodríguez

    El joven Noelis Gregorio Rodríguez Mata, mejor conocido como Noel Rodríguez, nació un 11 de marzo del año 1946 en Valle de Pedro de González, del estado Nueva Esparta.

    Estudió bachillerato en el Liceo Briceño Méndez de El Tigre, estado Anzoátegui, donde obtuvo el título de bachiller en Ciencias. Aprovechó esos años para alistarse en el partido denominado Juventud del Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR).

    Posteriormente, viajó a Caracas e inició estudios de Economía en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Al dividirse el MIR, Noel se unió a las filas de Bandera Roja. Fue el responsable estudiantil de la Universidad Central de Venezuela por esta organización.

    Se fijó Audiencia de Apertura a Juicio Oral y Público, para el día Miércoles 13 de Mayo de 2015, en el Juzgado Décimo Quinto (15)° de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a la espera de notificación por parte del tribunal.

    En 1973 fue designado jefe del Distrito Fabricio Ojeda y, simultáneamente, fue nombrado suplente principal en la Dirección Nacional de Bandera Roja en todo el país. En ese mismo año, Noel asistió a la Escuela Guerrillera del Frente Antonio José de Sucre.

    Para el año 1973 tanto la DIGEPOL como el SIFA, entre otros organismos del Estado, marcaron gran represión a los estudiantes y grupos que eran considerados subversivos al Gobierno de turno.

    Noel Rodríguez fue una de las víctimas de la represión política del momento desapareciendo en junio de ese año. Fue salvajemente golpeado y torturado brutalmente hasta su muerte, en la búsqueda de extraerle información que pudiera delatar a los partidos de izquierda.

    Posteriormente, trasladaron el cadáver de la víctima a una funeraria ubicada en el Puente República en la ciudad de Caracas, hoy de nombre Funeraria Virgen del Valle.

    El encargado de la comisión fue el funcionario Felipe Díaz Marín, cuyo superior inmediato era José Antonio Omaña Hernández, quien le giró la instrucción de trasladar el cadáver de la mencionada funeraria hasta el Cementerio General del Sur, donde sería inhumado a espaldas de sus seres queridos.

    Entre las diligencias y experticias de investigación realizadas en el marco de este caso por los funcionarios de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales se encuentran: 16 exhumaciones, Experticia de Reconocimiento Médico–Legal (Identificación particular de la rótula donde se evidencia trazo de fractura antigua), Estudio de Identificación Antropológica (los restos óseos sometidos a objeto de estudio coincidieron morfológica, métrica y estadísticamente con los registros pre mortem correspondiente a Noel Rodríguez), Estudio de Identificación Odontológica (se realizó un estudio comparativo con los restos hallados y un familiar de la víctima logrando altos grados de coincidencias en cuanto al tamaño, forma del paladar y las piezas dentales), Superposición (Los rasgos morfológicos faciales y cefálicos comparados entre las fotografías suministradas arrojaron una alta correlación de similitud), Estudio Anatomopalógico y Causa de Muerte (Traumatismo craneoencefálico severo debido a fracturas en la base del cráneo y huesos del macizo facial).

  • Macarao

    Homicidio perpetrado por funcionarios adscritos al Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Diosnny Manuel Guinand Yendis, el cual fue señalado como presunto sospecho de la comisión de un delito militar como lo es, la sustracción de un arma de fuego perteneciente al mencionado cuerpo de seguridad, hecho éste, que generó la acción desmedida por parte de los funcionarios y culminó con la muerte del ciudadano antes mencionado.

    Entre las actuaciones realizadas por los expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas se encuentran: Inspección Técnica con levantamientos planimétricos tanto del sitio del suceso como los versionados con los datos aportados por los testigos, exhumación, Estudio de Identificación Antropológica para determinación de edad, sexo, afinidad racial, estatura y otros elementos particularizantes e individualizantes (los hallazgos coincidieron con los datos aportados por un familiar), Estudio Anatomopatológico y Causa de Muerte (Asfixia mecánica por sofocación de vía aérea por cuerpo extraño (sugestivo de tierra) y luxación de articulación occipito-atloidea con lesión medular).

    Los delitos atribuidos a los funcionarios William José Serrano Fermín, Jaramillo Navas Jaime y Ramírez Estévez Gerson José son: homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles, desaparición forzada de personas, tortura, quebrantamiento de principios y pactos internacionales y simulación de hecho punible. Por su parte a los efectivos castrenses Guillermo José Marín Alvarado, Keny Joel Hernández y Víctor José Medina Arvelo, se les atribuyó encubrimiento en los delitos de tortura, homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútil, desaparición forzada de personas y el delito de quebrantamiento de principios y pactos internacionales. La Audiencia Preliminar está pautada para el día 02/09/2015.