Page 39 - Revista Ministerio Público (Nro 4)
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sidad Santa María, Leonardo González, autonomía y ya no se dependerá exclusiva-
Erick Montero y Edgar Quintero y heridas mente de una “solidaridad” mal entendida en
sus acompañantes Danitza Buitriago, Eliza- aquellos casos en los que se investiguen fun-
beth Rosales e Irúa Moreno. cionarios policiales.
Sin duda alguna un gran salto en la lu-
Al principio los funcionarios policiales cha contra la impunidad.
que participaron en dicho suceso, trataron de
presentar el caso ante la opinión pública como CAJA DE DISPARO
producto de un “enfrentamiento”.
Gestión | Ministerio Público [37]
Obviamente, los fiscales del Ministerio
Público encargados de dirigir la investigación,
debieron de realizar, de manera inmediata,
una serie de experticias y diligencias pertinen-
tes con el fin de determinar lo qué verdadera-
mente sucedió esa noche.
No fue fácil, al contrario, se tuvieron que
hacer levantamientos planimétricos, fijacio-
nes fotográficas, reconstrucción del hecho y
otra serie de pruebas, pues algo no “cuadraba”
en la versión suministrada por los funciona-
rios de seguridad de Estado
Luego de un exhaustivo trabajo, fue en
agosto de 2006, cuando resultaron condena-
dos 24 funcionarios militares y policiales, ad-
scritos a la Dirección de Inteligencia Militar,
al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas y a la Policía Munici-
pal de Caracas, a penas que oscilan entre 3 y
30 años de prisión.
Estos fueron sentenciados por la co-
misión de diversos delitos, entre estos homici-
dio calificado con alevosía por motivos fútiles
e innobles, homicidio calificado en grado de
frustración, uso indebido de arma de fuego,
violación de domicilio y simulación de hecho
punible. Asimismo, uno de los funcionarios
fue condenado por encubrimiento de los ho-
micidios.
Cinco años después, seguramente el tra-
bajo del Ministerio Público podrá realizarse
con mayor rapidez y certeza, pues la Uni-
dad Criminalística Contra la Vulneración de
los Derechos Fundamentales otorga mayor
Erick Montero y Edgar Quintero y heridas mente de una “solidaridad” mal entendida en
sus acompañantes Danitza Buitriago, Eliza- aquellos casos en los que se investiguen fun-
beth Rosales e Irúa Moreno. cionarios policiales.
Sin duda alguna un gran salto en la lu-
Al principio los funcionarios policiales cha contra la impunidad.
que participaron en dicho suceso, trataron de
presentar el caso ante la opinión pública como CAJA DE DISPARO
producto de un “enfrentamiento”.
Gestión | Ministerio Público [37]
Obviamente, los fiscales del Ministerio
Público encargados de dirigir la investigación,
debieron de realizar, de manera inmediata,
una serie de experticias y diligencias pertinen-
tes con el fin de determinar lo qué verdadera-
mente sucedió esa noche.
No fue fácil, al contrario, se tuvieron que
hacer levantamientos planimétricos, fijacio-
nes fotográficas, reconstrucción del hecho y
otra serie de pruebas, pues algo no “cuadraba”
en la versión suministrada por los funciona-
rios de seguridad de Estado
Luego de un exhaustivo trabajo, fue en
agosto de 2006, cuando resultaron condena-
dos 24 funcionarios militares y policiales, ad-
scritos a la Dirección de Inteligencia Militar,
al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas y a la Policía Munici-
pal de Caracas, a penas que oscilan entre 3 y
30 años de prisión.
Estos fueron sentenciados por la co-
misión de diversos delitos, entre estos homici-
dio calificado con alevosía por motivos fútiles
e innobles, homicidio calificado en grado de
frustración, uso indebido de arma de fuego,
violación de domicilio y simulación de hecho
punible. Asimismo, uno de los funcionarios
fue condenado por encubrimiento de los ho-
micidios.
Cinco años después, seguramente el tra-
bajo del Ministerio Público podrá realizarse
con mayor rapidez y certeza, pues la Uni-
dad Criminalística Contra la Vulneración de
los Derechos Fundamentales otorga mayor
